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Los ciudadanos, las empresas y las colectividades, en sus relaciones con la administración pública, pueden ver afectados sus intereses, por ejemplo ante la negativa de reconocimiento de sus derechos, por el incumplimiento de las normas a las que deberían someterse las autoridades, por actuaciones y operaciones administrativas o por contratos administrativos que generan pérdidas a las personas o también por procesos sancionatorios, disciplinarios o fiscales que en ciertas ocasiones les imponen multas injustas.
Este tipo de conflictos puede generar graves daños y perjuicios que en muchas ocasiones no llegan a ser resueltos, por desconocimiento y falta de representación o defensa de los derechos de los particulares frente a los poderes del Estado.